Mientras algunos gobiernos apoyan las acciones estadounidenses, otros las critican abiertamente, fragmentando la respuesta regional.

Un claro ejemplo de esta división es la postura de Trinidad y Tobago, cuyo gobierno ha expresado un “apoyo irrestricto” a la operación antidrogas de Estados Unidos en el Caribe.

Esta posición ha deteriorado rápidamente sus relaciones con la vecina Venezuela y ha generado temor entre los pescadores locales, quienes evitan navegar por miedo a ser confundidos con narcotraficantes.

En contraste, líderes como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, han cuestionado el despliegue militar, advirtiendo que aumenta las tensiones.

Brasil y Colombia, que anteriormente buscaban mediar con Maduro, ahora adoptan enfoques muy diferentes.

La crisis ha dividido incluso a la oposición venezolana.

Curiosamente, una encuesta de Atlas Intel revela que una mayoría en Latinoamérica y en la diáspora venezolana estaría a favor de una intervención militar de Estados Unidos para deponer a Maduro. Esta fractura diplomática y de opinión pública evidencia la complejidad del escenario, donde la contundente política de Trump obliga a los actores regionales a tomar partido, eliminando los matices y dificultando una solución consensuada.