El caso más notable es el rápido deterioro de las relaciones entre Venezuela y su vecino insular, Trinidad y Tobago. El gobierno trinitense ha expresado su "apoyo irrestricto" al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, una postura que el presidente Nicolás Maduro ha calificado como una "provocación".

Esta alineación con Washington ha llevado a la suspensión de acuerdos energéticos para la extracción de gas que mantenían ambos países. La tensión ha afectado directamente a la población local, ya que los pescadores de Trinidad y Tobago ahora temen salir a faenar por miedo a que sus embarcaciones sean confundidas con narcolanchas y atacadas por las fuerzas estadounidenses. Más allá de este conflicto bilateral, la decisión de Trump ha evidenciado enfoques divergentes entre otros actores clave.

Países como Brasil y Colombia, que en el pasado colaboraron para mediar en la crisis venezolana, ahora adoptan posturas diferentes.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aunque no reconoce a Maduro, ha manifestado su desacuerdo con una invasión, afirmando que sería una "traición máxima a toda la América Latina y el Caribe".

Esta división regional debilita la capacidad de Latinoamérica para presentar un frente común y gestionar la crisis de manera autónoma, dejando el campo abierto a la influencia y las acciones unilaterales de potencias extrarregionales.