La administración Trump ha ordenado el despliegue militar más significativo en el Caribe desde la intervención en Haití en 1994, posicionando una formidable fuerza naval y aérea cerca de Venezuela. Aunque la operación se enmarca oficialmente en una campaña antidrogas, es ampliamente percibida como una demostración de fuerza para presionar al gobierno de Nicolás Maduro. La operación incluye una notable concentración de activos militares de alta gama. Entre ellos se encuentran buques de guerra como el crucero lanzamisiles USS Gettysburg, destructores, submarinos nucleares y el portaaviones USS Gerald R. Ford, descrito como el más moderno de la flota estadounidense.
A esto se suman aviones de combate F-35B y aeronaves espía que sobrevuelan la costa venezolana.
Para sostener esta presencia, Estados Unidos ha modernizado bases militares en territorios estratégicos como Puerto Rico y las Islas Vírgenes.
La Casa Blanca justifica este despliegue como una "guerra contra las drogas", pero funcionarios estadounidenses han reconocido en privado que forma parte de una campaña más amplia para derrocar a Maduro. Esta narrativa dual permite a Washington mantener una postura ofensiva sin declarar abiertamente una intención bélica, lo que genera una escalada de tensiones en toda la región. El gobierno venezolano ha calificado el operativo de "asedio criminal" y una provocación directa, mientras que la magnitud de la fuerza desplegada ha despertado la preocupación de países vecinos, como Colombia, sobre las posibles consecuencias de un conflicto.
En resumenBajo la justificación de una masiva operación antinarcóticos, Estados Unidos ha posicionado una fuerza militar sin precedentes en el Caribe, lo que se interpreta como una clara estrategia de intimidación y presión sobre el gobierno de Venezuela, elevando el riesgo de un conflicto en la región.