Estas acciones unilaterales han sido calificadas por las Naciones Unidas como posibles "ejecuciones extrajudiciales" y una violación del derecho internacional.

Desde principios de septiembre, el ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos 15 ataques contra pequeñas embarcaciones, causando la muerte de más de 60 personas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha defendido estas operaciones, llegando a comparar la lucha contra los carteles con la guerra contra Al-Qaeda.

Sin embargo, esta estrategia de fuerza letal ha sido duramente criticada.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a Estados Unidos a detener de inmediato estas acciones, argumentando que no existe base legal para ellas en aguas internacionales y que violan el derecho a la vida. La controversia también ha generado tensiones en el Congreso estadounidense, donde un grupo de senadores ha exigido respuestas al gobierno sobre la legalidad y los objetivos de este plan antidrogas. La situación ha tenido repercusiones regionales; por ejemplo, México anunció que suspendería la búsqueda de un sobreviviente de uno de los ataques en el Pacífico. La política de Washington ha sido descrita por el 'Washington Post' como una forma de "piratería internacional", lo que subraya la grave preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza.