La estrategia de Estados Unidos de atacar y destruir presuntas embarcaciones de narcotraficantes en aguas internacionales ha resultado en decenas de muertes y ha provocado una enérgica condena por parte de la ONU, que califica los incidentes como violaciones al derecho internacional.<br><br>Desde el inicio de su ofensiva contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, la administración Trump ha autorizado al menos 15 ataques contra pequeñas embarcaciones, resultando en la muerte de más de 62 personas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha defendido estas acciones, comparándolas explícitamente con las guerras de Estados Unidos en Oriente Medio y Afganistán.
Esta postura ha sido duramente criticada por organismos internacionales.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a Washington a detener de inmediato estas operaciones, calificándolas de posibles “ejecuciones extrajudiciales” y una clara “violación del derecho internacional de los derechos humanos”. Türk afirmó haber planteado el asunto directamente a las autoridades estadounidenses, argumentando que no existe base legal para el uso de fuerza letal en estas circunstancias. Organizaciones como Human Rights Watch también han alertado sobre el uso excesivo de la fuerza.
La política ha generado temor en la región, donde pescadores y navegantes temen ser confundidos con criminales. Venezuela ha condenado enérgicamente los hechos, mientras que México ha tenido que suspender la búsqueda de un sobreviviente tras uno de los ataques en el Pacífico, después de que el Pentágono le transfiriera la responsabilidad.
En resumenLa campaña militar de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas ha dejado un alto número de muertos y ha sido calificada por la ONU como una posible serie de 'ejecuciones extrajudiciales', desatando una grave controversia sobre su legalidad y respeto a los derechos humanos.