Paralelamente, la administración Trump ha sancionado personalmente al presidente Gustavo Petro, generando una crisis diplomática sin precedentes entre los históricos aliados.

El senador republicano Lindsey Graham causó conmoción al declarar que el presidente Trump planeaba informar al Congreso sobre “futuras potenciales operaciones militares contra Venezuela y Colombia”, sugiriendo una expansión de las acciones navales a operaciones “de mar a tierra”.

Esta declaración, interpretada como una amenaza a la soberanía, ha despertado viejos temores de intervención en la región. Al mismo tiempo, la relación bilateral se ha deteriorado drásticamente debido a las acciones directas de Washington contra el gobierno de Petro. Trump ha calificado al mandatario colombiano de “líder del narcotráfico” y lo ha incluido, junto a su círculo cercano, en la ‘Lista Clinton’ de la OFAC, una medida usualmente reservada para terroristas y capos de la droga. Estas sanciones personales se suman a la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas. En medio de la crisis, el secretario de Estado, Marco Rubio, intentó matizar la situación, asegurando que las sanciones son específicas contra Petro y que no se impondrán aranceles adicionales que perjudiquen “al pueblo ni a la economía colombiana”.