Esta estrategia se basa en acusaciones de que el gobierno de Nicolás Maduro lidera el “Cartel de los Soles” y colabora con organizaciones criminales y terroristas internacionales. Funcionarios estadounidenses, incluido el director de la DEA, Terry Cole, han afirmado públicamente que Venezuela opera como un “Estado narcoterrorista” que mantiene alianzas con grupos armados colombianos como las disidencias de las FARC y el ELN para facilitar el tráfico de cocaína hacia Norteamérica. Además, informes de inteligencia citados en los artículos sugieren supuestos vínculos entre el gobierno venezolano, el ELN y la organización libanesa Hezbolá para exportar cocaína. Esta caracterización ha permitido a Washington designar a grupos como el Tren de Aragua como “Organizaciones Terroristas Designadas” (DTO), lo que, según la Casa Blanca, legitima el uso de fuerza letal contra ellos. El propio presidente Trump ha declarado que los carteles son “los ISIS de Occidente” y que su gobierno se encuentra en un “conflicto armado no internacional” contra ellos, una postura que le permitiría actuar militarmente sin una declaración de guerra formal del Congreso. Críticos señalan que estas acusaciones, aunque graves, a menudo carecen de pruebas públicas y sirven como pretexto para una política intervencionista motivada por intereses geopolíticos, como el control de los recursos petroleros de Venezuela.