El gobierno venezolano calificó la presencia del buque como una “provocación hostil” y una “grave amenaza a la paz del Caribe”.

En un comunicado, Caracas acusó a la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, de renunciar a su soberanía y convertir su territorio en un “portaaviones de Estados Unidos para la guerra contra Venezuela”. Como “medida cautelar de suspensión inmediata”, Maduro ordenó detener los acuerdos energéticos, que incluían la negociación del proyecto de gas natural Dragón, para el cual Trinidad y Tobago había recibido una licencia de Estados Unidos. Este proyecto era clave para la economía de la isla y una potencial fuente de ingresos para Venezuela. La suspensión representa un golpe económico significativo y una clara señal de que Caracas está dispuesta a utilizar sus recursos energéticos como herramienta de presión geopolítica frente a lo que considera una agresión coordinada por Washington.