El presidente Petro ha rechazado categóricamente las acusaciones, calificándolas de “calumnias” y una “paradoja”, y ha anunciado que se defenderá judicialmente en Estados Unidos.

El mandatario colombiano atribuye la sanción a la influencia de “mafias colombianas durmiendo en Miami” y a una represalia por su postura crítica frente a la política exterior de EE.

UU.

La crisis ha generado reacciones en la región.

El gobierno de Venezuela emitió un comunicado rechazando la sanción, calificándola de “ilegítima y neocolonial” y una acción para “criminalizar” a Petro y desestabilizar Colombia. Por su parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce, expresó su “profunda solidaridad” con el mandatario colombiano. La sanción a Petro es vista por analistas como parte de una estrategia más amplia de la Casa Blanca para presionar a los gobiernos de izquierda en Latinoamérica, en un contexto en el que Trump también ha intensificado su ofensiva militar y retórica contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.