Esta movilización, justificada por Washington como una operación antinarcóticos, ha sido calificada por Venezuela como una amenaza directa a su soberanía y a la paz regional.

La operación estadounidense representa la mayor concentración de fuerza naval en la región desde la invasión a Panamá en 1989.

Además del USS Gerald R. Ford, que transporta más de 4.500 tripulantes y 75 aeronaves, el despliegue incluye destructores, un submarino de propulsión nuclear, aviones de combate F-35B y drones MQ-9 que operan desde bases en Puerto Rico. El objetivo oficial, según el Departamento de Defensa, es "desmantelar las organizaciones criminales transnacionales" y reforzar la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, el gobierno venezolano ha interpretado esta masiva presencia militar como un acto de intimidación y el preludio de una posible agresión. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró que el país se enfrenta a "la peor amenaza en más de 100 años" y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se mantiene en preparación constante ante un despliegue que "cada día se aproxima más" a sus costas. Analistas citados en los artículos señalan que el portaaviones podría llegar a aguas cercanas a Venezuela en aproximadamente una semana, dependiendo de las condiciones de navegación desde el Mediterráneo. Esta demostración de fuerza ha elevado la tensión a su punto más alto en años, con Caracas denunciando una "provocación hostil" y una "grosera amenaza militar contra la región".