La reacción del gobierno venezolano fue inmediata y contundente.

El presidente Nicolás Maduro presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para revocar la nacionalidad de López, acusándolo de un “grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar” y de promover el bloqueo económico. La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que la Cancillería y el servicio de migración (SAIME) procederían a anular su pasaporte. López respondió calificando la medida como una “arbitrariedad” y afirmó que Maduro, a quien acusó de haber nacido en Colombia, no podría quitarle su identidad. Este enfrentamiento legal y político evidencia la profunda polarización y la utilización de herramientas estatales para neutralizar a la oposición, especialmente a aquellos que abogan por una solución de fuerza a la crisis venezolana.