Sin embargo, esta estrategia ha sido duramente criticada.

Los gobiernos de Colombia, Venezuela y México han denunciado los ataques, calificándolos de “ejecuciones extrajudiciales” y violaciones a su soberanía, argumentando que Washington no ha presentado pruebas de que las lanchas transportaran drogas. La organización Human Rights Watch (HRW) también ha condenado las operaciones, señalando que “no existe un conflicto armado que autorice este uso de la fuerza” y exigiendo una investigación. La controversia se ha extendido al Congreso de EE. UU., donde senadores de ambos partidos, como el republicano Rand Paul y el demócrata Rubén Gallego, han cuestionado la legalidad de los ataques, calificándolos de “asesinatos”. La ofensiva, que comenzó en el Caribe, se ha expandido al Pacífico, con ataques registrados frente a las costas de Colombia, lo que ha agravado la crisis diplomática con el gobierno de Gustavo Petro.