Sin embargo, estas operaciones han sido fuertemente cuestionadas por la falta de pruebas presentadas por Washington para demostrar que las lanchas transportaban drogas o que sus tripulantes estaban armados. El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha calificado los ataques como “asesinatos” y un “uso desproporcionado de la fuerza”, mientras que la organización Human Rights Watch (HRW) los ha denunciado como “ejecuciones extrajudiciales”, argumentando que “no existe un conflicto armado que autorice este uso de la fuerza”. La controversia se intensificó cuando se supo que dos sobrevivientes de un ataque a un submarino fueron repatriados a Ecuador y Colombia, y uno de ellos fue liberado por falta de pruebas, lo que aumenta las dudas sobre la legalidad y la justificación de los bombardeos.