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Esta narrativa forma parte de la doctrina de “narco-terrorismo” que la administración Trump ha impulsado para endurecer su postura. Según informes y testimonios de agencias estadounidenses, Hezbolá no solo actúa en Oriente Medio, sino que también posee redes de financiamiento en América Latina, empleando rutas de drogas y lavado de dinero. Un estudio de 2020 del Atlantic Council es citado para afirmar que Venezuela se ha convertido en un “hub” de convergencia entre crimen organizado, narcotráfico y terrorismo, donde Hezbolá y sus vínculos con Irán juegan un papel relevante. En una audiencia ante el Senado de Estados Unidos, exfuncionarios como Marshall Billingslea, ex subsecretario del Tesoro, afirmaron que la presencia de Hezbolá en Venezuela se ha ampliado “drásticamente” bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Billingslea aseguró que el régimen venezolano habría facilitado la emisión de pasaportes a miembros de Hezbolá y Hamás, permitiendo su movilidad internacional, e incluso habría permitido el establecimiento de un “centro de entrenamiento paramilitar” en la isla de Margarita. Aunque Venezuela rechaza estas acusaciones, la vinculación con Hezbolá es un pilar fundamental del argumento estadounidense para justificar su escalada militar y sus acciones contra el gobierno de Maduro.