Esta nueva doctrina de “narco-terrorismo” sirve como justificación para la escalada militar en la región y pone a Caracas bajo una intensa presión de seguridad nacional. Este cambio de enfoque considera que el fenómeno del narcotráfico ya no es solo una cuestión de orden público, sino un asunto de seguridad nacional vinculado al terrorismo. Bajo esta nueva narrativa, Washington acusa a Venezuela de mantener o permitir relaciones con redes terroristas como Hezbolá, una organización libanesa que, según informes de agencias estadounidenses, utiliza rutas de drogas y lavado de dinero en Latinoamérica para financiar su infraestructura global. Un estudio de 2020 del Atlantic Council señaló que Venezuela se había transformado en un “hub” de convergencia entre crimen organizado, narcotráfico y terrorismo. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ha reforzado esta postura, acusando al gobierno de Nicolás Maduro de operar como un “Estado narcoterrorista” en colaboración con grupos armados colombianos como las FARC y el ELN para enviar cocaína a Estados Unidos. En consecuencia, la administración Trump ha designado a cárteles como el Tren de Aragua como “organizaciones terroristas”, lo que, según su interpretación, justifica el uso de fuerza letal en su contra, equiparándolos con grupos como Al Qaeda o ISIS. Esta estrategia redefine el marco de la lucha antidrogas, incorporando elementos de seguridad nacional y despliegue militar que han generado preocupación por la soberanía y la legalidad internacional.