La campaña militar, que comenzó en agosto en el Caribe, se ha extendido a aguas del Pacífico, involucrando a Colombia y Venezuela. El Pentágono ha confirmado múltiples operativos, incluyendo la destrucción de embarcaciones presuntamente operadas por organizaciones como el Tren de Aragua y el ELN. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha defendido las operaciones, afirmando: “Si eres un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al Qaeda”. Sin embargo, Washington no ha presentado pruebas públicas que demuestren que las lanchas transportaban drogas o que sus tripulantes pertenecían a dichos grupos.

Esta falta de transparencia ha alimentado las críticas. El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha calificado los ataques como “asesinatos” y un “uso desproporcionado de la fuerza”, denunciando la muerte de pescadores y “obreros del narcotráfico”. Por su parte, Juanita Goebertus, de Human Rights Watch, señaló que “no existe un conflicto armado que autorice este uso de la fuerza”, exigiendo que los hechos sean investigados y sancionados. La controversia se intensificó con la repatriación de dos únicos sobrevivientes, quienes fueron devueltos a sus países ante la aparente falta de pruebas para procesarlos en Estados Unidos, lo que genera aún más dudas sobre la legalidad y justificación de los bombardeos.