La sanción se basa en una orden ejecutiva que permite designar a extranjeros implicados en narcotráfico internacional.

La respuesta del presidente Petro fue inmediata y desafiante, calificando la medida como una "paradoja" y afirmando: "Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida". Su gobierno considera la acción una represalia por su postura crítica frente a la guerra contra las drogas y su política de "paz total". Venezuela también se pronunció, rechazando la sanción y afirmando que busca "criminalizar al presidente Gustavo Petro y promover la desestabilización interna de Colombia". La inclusión en esta lista implica el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones con personas y entidades de EE.

UU., lo que en la práctica representa un severo aislamiento financiero para los afectados.