UU., Pete Hegseth, advirtió: "Si eres un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al Qaeda".

Sin embargo, el gobierno estadounidense no ha presentado pruebas públicas que confirmen que las lanchas transportaban drogas.

La organización Human Rights Watch (HRW) acusó a EE.

UU. de realizar operaciones letales sin justificación legal, afirmando que "no existe un conflicto armado que autorice este uso de la fuerza".

Los gobiernos de Colombia y Venezuela han denunciado formalmente los ataques.

Bogotá rechazó una operación frente a su costa pacífica, calificándola como una violación al derecho internacional, mientras que el presidente Gustavo Petro ha descrito los operativos como "asesinatos".

Esta estrategia marca un cambio radical, pasando de la interdicción a la aplicación de fuerza letal, lo que ha generado una fuerte condena y ha aumentado la alarma sobre una posible escalada militar en la región.