Estas operaciones, que han resultado en decenas de muertes, han provocado una grave crisis diplomática con Venezuela y Colombia, y han sido condenadas por organismos internacionales. Desde principios de septiembre de 2025, Estados Unidos ha desplegado una considerable fuerza militar que incluye destructores, un submarino de propulsión nuclear y aeronaves de combate. En el marco de esta operación, se han realizado al menos nueve ataques contra supuestas “narcolanchas”, dejando un saldo de al menos 37 personas muertas. La campaña, que inicialmente se concentró en el Caribe cerca de las costas de Venezuela, se expandió al Pacífico oriental, con ataques frente a Colombia. El gobierno estadounidense justifica estas acciones como una guerra contra los “narcoterroristas”, a quienes el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha comparado con “Al Qaeda” e “ISIS”. Sin embargo, Washington no ha presentado pruebas públicas que vinculen a las embarcaciones destruidas con el narcotráfico.

La controversia ha aumentado debido a la falta de transparencia y la letalidad de los operativos. El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha calificado los ataques como “ejecuciones extrajudiciales” y una violación del derecho internacional, una postura respaldada por la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, quien los describió como “asesinatos extrajudiciales”.

Por primera vez en estas operaciones, se reportaron dos sobrevivientes de un ataque a un semisumergible, quienes fueron repatriados a Colombia y Ecuador para su procesamiento, una decisión que, según analistas, busca evitar complicaciones legales en Estados Unidos.