Los relatores señalaron que las operaciones letales contra embarcaciones, justificadas por EE.

UU. como una lucha contra el narcotráfico, “podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales” si se realizaron sin un fundamento jurídico claro.

Rechazaron además la designación del grupo delictivo Tren de Aragua como organización terrorista para justificar una acción militar, argumentando que estos grupos no atacan directamente a EE.

UU., por lo que no se puede invocar el derecho a la legítima defensa.

Los expertos también recordaron que cualquier intento de cambio de régimen por medios externos infringe el principio de libre determinación de los pueblos. En su comunicado, exhortaron a Washington a respetar el derecho internacional, evitar acciones unilaterales y reafirmar su compromiso con la resolución pacífica de conflictos, advirtiendo que “América Latina tiene una larga historia de intervenciones extranjeras, cuyos efectos negativos no deben repetirse”.