El presidente Donald Trump confirmó haber autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela, una decisión que eleva drásticamente la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Este anuncio sugiere una posible transición de la estrategia estadounidense de la interdicción marítima a operaciones terrestres y clandestinas, generando una fuerte condena por parte de Caracas y preocupación en la región. Según informes de The New York Times, la autorización permitiría a la CIA realizar operaciones letales en Venezuela y el Caribe, ya sea de forma unilateral o como parte de una ofensiva militar más amplia. Al ser consultado, Trump justificó la medida afirmando que Venezuela ha “vaciado sus prisiones” para enviar criminales a Estados Unidos y que el país es una fuente importante de narcotráfico.
Aunque evitó confirmar si había ordenado “eliminar” a Maduro, su respuesta fue ambigua: “¿No sería ridículo que yo respondiera eso?”.
El mandatario también adelantó que, tras haber “paralizado el tráfico de drogas marítimo”, ahora considera realizar operaciones “en tierra firme”. El gobierno venezolano reaccionó de inmediato, calificando el anuncio como un “acto de agresión” y una “gravísima violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas”. Nicolás Maduro acusó a Trump de admitir públicamente su participación en intentos de desestabilización y de buscar un “cambio de régimen” para apropiarse de los recursos petroleros del país. Expertos y exfuncionarios de inteligencia, como el excontratista de la CIA Ron Aledo, sugieren que estas operaciones podrían incluir el reclutamiento de generales venezolanos para facilitar un golpe de Estado desde adentro, desintegrando el régimen sin necesidad de una invasión directa.
En resumenLa autorización de operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela por parte de Donald Trump representa una escalada significativa en la confrontación bilateral. Mientras la Casa Blanca lo justifica como una medida contra el narcotráfico y la delincuencia, el gobierno de Maduro lo denuncia como un plan de desestabilización e injerencia que viola la soberanía y amenaza la paz regional.