Venezuela ha denunciado los ataques ante la ONU, mientras que expertos y organizaciones civiles exigen una investigación formal sobre lo que consideran posibles violaciones del derecho internacional.

El gobierno venezolano ha sido el más enérgico en su condena, llevando el caso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Su embajador, Samuel Moncada, calificó los ataques como “asesinatos extrajudiciales” y una violación a la soberanía, argumentando que Estados Unidos busca fabricar un pretexto para una invasión y apoderarse de los recursos petroleros del país.

La denuncia fue respaldada por Rusia. Por su parte, China también se ha pronunciado, pidiendo el respeto a la soberanía de Venezuela y oponiéndose al uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Más allá de los gobiernos, expertos de la ONU han afirmado que las acciones de Estados Unidos violan la soberanía venezolana y el derecho internacional. A este clamor se han sumado más de 108 organizaciones de la sociedad civil, tanto estadounidenses como internacionales, que enviaron una carta al Congreso de EE. UU. para solicitar una investigación formal, argumentando que los ataques “parecen constituir ejecuciones extrajudiciales” y carecen de fundamento legal.

Analistas legales sostienen que, incluso si las embarcaciones transportaran drogas en aguas internacionales, el uso de fuerza letal sin una amenaza inminente contraviene las normas del derecho del mar y los derechos humanos.