Esta ofensiva, justificada como una campaña contra el narcotráfico, ha incluido ataques letales contra múltiples embarcaciones, generando una crisis regional y serias dudas sobre su legalidad.

Desde agosto de 2025, Estados Unidos ha desplegado una considerable fuerza militar en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, que incluye aproximadamente 10.000 soldados, decenas de aeronaves y al menos ocho buques de guerra, entre ellos un submarino. La justificación oficial de la Casa Blanca es una “guerra contra el narcotráfico”, declarando un “conflicto armado no internacional” contra los carteles de la droga, a los que califica de “organizaciones terroristas” y compara con Al Qaeda. En el marco de esta ofensiva, se han ejecutado al menos siete ataques contra embarcaciones, resultando en la muerte de cerca de 30 personas. El gobierno estadounidense ha vinculado estas embarcaciones con el “Cartel de los Soles” y la guerrilla colombiana del ELN.

Sin embargo, estas acciones han sido calificadas como “ejecuciones extrajudiciales” por expertos y han generado una fuerte controversia, ya que familiares de las víctimas en Trinidad y Tobago y Colombia afirman que se trataba de humildes pescadores.

Un ataque a un submarino dejó por primera vez dos sobrevivientes, un ecuatoriano y un colombiano, quienes fueron capturados y posteriormente repatriados a sus países para ser procesados, una decisión que, según analistas, buscaría evitar complicaciones legales en Estados Unidos.

La legalidad de estos ataques en aguas internacionales, sin detenciones ni juicios previos, ha sido ampliamente cuestionada por congresistas estadounidenses, la ONU y más de 100 organizaciones civiles que exigen una investigación formal.