Este es el primer caso conocido de sobrevivientes en los seis ataques confirmados por el Pentágono desde septiembre, que han dejado al menos 27 muertos.

La decisión de no llevar a los detenidos a juicio en Estados Unidos ha generado interrogantes legales y estratégicos. Expertos sugieren que esta medida podría buscar evitar una batalla legal en tribunales estadounidenses, donde la justificación de los ataques y la legalidad de la detención militar podrían ser cuestionadas. Al devolverlos a sus países de origen, Washington traslada la responsabilidad judicial y evita un escrutinio profundo sobre sus propias acciones.

El presidente Trump calificó a los tripulantes como “terroristas” y afirmó que la embarcación, un semisumergible, estaba cargada de fentanilo. El gobierno colombiano confirmó la recepción de su connacional, asegurando que se le garantizará el debido proceso. Esta repatriación subraya la complejidad de la ofensiva estadounidense, que opera en una zona gris del derecho internacional al tratar el narcotráfico como un conflicto armado.