Más de 100 organizaciones civiles han solicitado formalmente al Congreso estadounidense una investigación sobre estas operaciones.

Los críticos argumentan que el uso de la fuerza letal en aguas internacionales contra sospechosos que no han sido detenidos ni interrogados, y sin presentar pruebas públicas de su culpabilidad, viola principios fundamentales del derecho internacional. Juan Pappier, de Human Rights Watch, y otros expertos señalan que, incluso si las víctimas fueran traficantes de drogas confirmados, los asesinatos sumarios son ilegales. La administración Trump ha justificado sus acciones declarando que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado no internacional” con los carteles de la droga, a los que ha designado como organizaciones terroristas. Sin embargo, esta base legal es considerada “dudosa” por congresistas como el republicano Todd Young y el demócrata Jim Himes, quienes afirman que la idea de una guerra contra narcotraficantes venezolanos “no se sostendría en ningún tribunal”. La falta de transparencia del Pentágono, que se ha negado a compartir videos sin editar de los ataques, ha aumentado la desconfianza en el Congreso, donde legisladores de ambos partidos se han quejado de recibir informes “vagos e incompletos”.