En videos editados, se muestra cómo las embarcaciones son destruidas por proyectiles.

Sin embargo, estas operaciones han sido calificadas por Venezuela como “asesinatos extrajudiciales” y una violación del derecho internacional, al realizarse sin detenciones previas ni debido proceso.

La controversia se intensificó cuando familiares de una de las víctimas, un ciudadano de Trinidad y Tobago, aseguraron que era un simple pescador. Asimismo, el presidente colombiano Gustavo Petro afirmó que en uno de los ataques murieron pescadores colombianos. Expertos legales y organizaciones de derechos humanos han cuestionado la base jurídica de los ataques, argumentando que incluso si las víctimas fueran traficantes, las ejecuciones sumarias son ilegales. Más de 100 organizaciones civiles han solicitado al Congreso de EE. UU. una investigación formal, mientras que algunos legisladores demócratas han expresado su preocupación por la falta de transparencia y la dudosa legalidad de la ofensiva.