Desde septiembre de 2025, se han reportado al menos seis ataques contra lanchas y un submarino artesanal, con un saldo de al menos 27 personas fallecidas. El presidente Donald Trump ha defendido estas acciones, calificando a las víctimas como “narcoterroristas” y afirmando que “no se trataba de un grupo inocente”. En uno de los incidentes más recientes, Trump confirmó la destrucción de un “submarino cargado de drogas, construido específicamente para transportar grandes cantidades de droga”. Un hecho notorio es que, por primera vez, uno de estos ataques dejó sobrevivientes, quienes fueron rescatados y se encuentran bajo custodia de la Armada estadounidense.

La ofensiva ha provocado una enérgica respuesta diplomática.

Venezuela ha denunciado los operativos como “asesinatos extrajudiciales”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que entre las víctimas había ciudadanos colombianos y calificó los hechos como una “agresión en el Caribe”. A nivel internacional, más de 100 organizaciones civiles de Estados Unidos y otros países enviaron una carta al Congreso estadounidense solicitando una investigación formal, argumentando que los ataques “parecen constituir ejecuciones extrajudiciales” y “carecen de fundamento en el derecho estadounidense o internacional”.