Por su parte, el gobierno venezolano reaccionó con contundencia.

Nicolás Maduro calificó el anuncio como un acto de “honestidad macabra” y una “guerra psicológica”, denunciando un plan para orquestar un “golpe de Estado”. La Cancillería venezolana emitió un comunicado en el que calificó la autorización como una “gravísima violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas”, y un pretexto para apropiarse de los recursos petroleros del país. Analistas y exfuncionarios de inteligencia señalan que este tipo de autorización podría permitir a la CIA reclutar informantes, financiar grupos opositores, realizar campañas de desinformación e incluso ejecutar acciones letales, ya sea de forma unilateral o en apoyo a una operación militar más amplia, reviviendo el fantasma de las intervenciones históricas de la agencia en la región.