Desde septiembre, la administración Trump ha confirmado al menos seis ataques contra lo que describe como “narcolanchas” afiliadas a organizaciones terroristas.

El propio presidente Donald Trump ha anunciado varios de estos operativos en sus redes sociales, publicando videos de los ataques y confirmando la muerte de quienes iban a bordo, a quienes ha calificado de “narcoterroristas”. El saldo de estas acciones asciende a por lo menos 27 fallecidos. En el ataque más reciente, ocurrido el 16 de octubre, se reportó por primera vez la existencia de sobrevivientes.

Estas acciones han generado una profunda preocupación humanitaria y legal.

Venezuela ha denunciado los ataques ante la ONU como “asesinatos extrajudiciales” de “humildes ciudadanos”, incluyendo pescadores.

Familiares de una de las víctimas, un ciudadano de Trinidad y Tobago identificado como Chad Joseph, han exigido justicia, asegurando que era un pescador y no un narcotraficante.

La situación ha sembrado el temor entre las comunidades pesqueras venezolanas, cuyos miembros temen salir a faenar por miedo a ser confundidos o quedar atrapados en el fuego cruzado.

Expertos en derecho internacional y congresistas estadounidenses han cuestionado la base legal de estos “ataques cinéticos letales” en aguas internacionales, argumentando que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales al no respetarse el debido proceso ni la presunción de inocencia.