Caracas argumenta que las acciones de Washington, como los bombardeos a embarcaciones civiles, constituyen una “gravísima violación del Derecho Internacional” y una amenaza directa a su soberanía.

El gobierno de Maduro sostiene que es “racional pensar que en el muy corto plazo se va a ejecutar un ataque armado contra Venezuela” y acusa a EE.

UU. de desarrollar una campaña de desinformación para criminalizar al país y justificar una intervención. La solicitud de la reunión de urgencia fue apoyada por China y Rusia, miembros permanentes del Consejo y aliados de Venezuela.

Durante la sesión, países como Francia, Grecia y Dinamarca pidieron retomar el diálogo y respetar el Derecho Internacional. La Misión Permanente venezolana ante la ONU exigió la “rendición de cuentas al Gobierno de Estados Unidos” y demandó la adopción de “medidas urgentes que impidan una escalada militar en el Caribe”, una zona declarada de paz por la CELAC en 2014.