La administración Trump ha justificado su escalada de acciones militares y de inteligencia contra Venezuela argumentando la necesidad de combatir el narcotráfico y controlar la migración irregular. Estas razones han sido presentadas como pilares de una estrategia de seguridad nacional para proteger a Estados Unidos de amenazas externas provenientes del país suramericano. El argumento central de Washington es que el gobierno de Nicolás Maduro lidera una red de narcotráfico, específicamente el llamado ‘Cártel de los Soles’, y utiliza el territorio venezolano como plataforma para el envío de drogas hacia Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha afirmado que “tenemos muchas drogas que llegan de Venezuela” y que las operaciones en el Caribe buscan detener este flujo.
La designación del grupo criminal Tren de Aragua como Organización Terrorista Extranjera (OTE) también ha sido utilizada para reforzar esta narrativa.
La segunda justificación se enfoca en la migración.
Trump ha acusado a Venezuela de “vaciar sus cárceles y hospitales psiquiátricos” para enviar criminales y personas con problemas de salud mental hacia territorio estadounidense, alimentando así un discurso que estigmatiza a la migración venezolana. El gobierno de Caracas ha rechazado categóricamente estas acusaciones, calificándolas como una campaña de desinformación para legitimar una agresión.
El jefe negociador del gobierno venezolano, Jorge Rodríguez, ha señalado que el despliegue militar estadounidense en el Caribe, en realidad, “deja la vía libre” a los narcotraficantes, quienes, según él, utilizan principalmente la ruta del Pacífico.
Además, un informe desclasificado del Consejo Nacional de Inteligencia de EE. UU. indicó que es probable que el gobierno venezolano no tenga una política de cooperación con el Tren de Aragua.
En resumenEstados Unidos basa su ofensiva contra Venezuela en la lucha contra el narcotráfico y la contención de la migración, acusando al gobierno de Maduro de liderar redes criminales. Sin embargo, estas justificaciones son rebatidas por Venezuela, que las considera un pretexto para una intervención, y son puestas en duda por algunos informes de la propia inteligencia estadounidense.