Desde agosto, Estados Unidos ha desplegado una flotilla de buques y aviones de guerra frente a las costas venezolanas.

En el marco de esta estrategia, se han ejecutado al menos cinco ataques contra lanchas rápidas, resultando en la muerte de aproximadamente 27 a 30 personas, a quienes EE.

UU. ha calificado como “narcoterroristas”.

El presidente Trump ha defendido estas acciones letales, afirmando que las interdicciones tradicionales de la Guardia Costera “nunca funcionaron” y que cada embarcación destruida transportaba drogas suficientes para causar miles de muertes por sobredosis.

“Es duro pero pierdes a tres personas (supuestos narcotraficantes) y salvas a 25.000”, declaró.

El gobierno venezolano, por su parte, denuncia que este despliegue es una “amenaza” para propiciar un “cambio de régimen” y “apropiarse” de sus recursos.

La tensión ha aumentado con el sobrevuelo de bombarderos B-52H estadounidenses en aguas cercanas a Venezuela.

Expertos y legisladores demócratas en EE.

UU. han cuestionado la legalidad de estos ataques con fuerza letal en aguas internacionales contra sospechosos que no han sido detenidos ni interrogados, mientras el Congreso estadounidense ha expresado su “molestia” por la falta de claridad y transparencia de la administración sobre la base legal y la inteligencia detrás de estas operaciones.