La autorización, revelada inicialmente por el diario The New York Times y posteriormente confirmada por el propio Trump, permite a la CIA llevar a cabo misiones que podrían incluir acciones letales.

Esta decisión se enmarca en una estrategia de seguridad nacional más amplia que también contempla acciones en el Caribe. La justificación de la Casa Blanca se centra en dos argumentos principales: el combate al narcotráfico y el control migratorio, acusando a Caracas de traficar drogas hacia territorio estadounidense y de haber “vaciado sus cárceles” para enviar presos a Estados Unidos. Al ser consultado sobre si el presidente Nicolás Maduro podría ser un objetivo de estas maniobras, Trump calificó la pregunta de “ridícula” para ser respondida, evitando una confirmación o negación directa. La medida ha sido interpretada como un endurecimiento de la postura estadounidense, poniendo fin a los esfuerzos diplomáticos y optando por un enfoque más confrontativo. El gobierno venezolano ha reaccionado con vehemencia, calificando la autorización como una “gravísima violación del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas”. Nicolás Maduro anunció que presentaría una denuncia formal ante el Consejo de Seguridad de la ONU y arremetió contra lo que considera un plan para un “cambio de régimen” orquestado por Washington para apropiarse de los recursos petroleros del país. En un acto público, Maduro llamó a rechazar los “golpes de Estado de la CIA”, evocando intervenciones pasadas de la agencia en América Latina.