Esta estrategia, que busca forzar un cambio político en Venezuela, ha tenido un profundo impacto en la economía del país y ha sido un factor clave en las dinámicas diplomáticas, tanto públicas como secretas, entre ambas naciones.

La política de sanciones de Washington ha sido el principal instrumento de presión sobre Caracas, afectando gravemente a su industria petrolera y su capacidad para acceder a los mercados financieros internacionales. Este cerco económico es el contexto principal que explica muchas de las tensiones recientes.

Por un lado, ha motivado acciones desesperadas por parte del gobierno de Maduro. Como reveló The New York Times, el régimen llegó a ofrecer en secreto a la administración Trump un acceso privilegiado a sus recursos de petróleo y oro a cambio de un alivio de las sanciones, una propuesta que demuestra la urgencia de Caracas por encontrar una salida a la asfixia económica. Por otro lado, las sanciones son un punto de división y debate dentro de la propia oposición venezolana y en la comunidad internacional. Figuras como María Corina Machado han respaldado públicamente la presión internacional, incluida la militar, como una herramienta necesaria para forzar la salida de Maduro. En contraste, otros sectores y analistas, como el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, critican duramente estas medidas, argumentando que afectan principalmente al pueblo venezolano y se alinean con una política intervencionista de Estados Unidos. El gobierno de Maduro, a su vez, utiliza las sanciones como un pilar de su retórica antiimperialista, culpándolas de la crisis humanitaria y económica del país para cohesionar a su base y justificar la represión interna.