El gobierno venezolano interpreta este movimiento como una amenaza directa a su soberanía y un preludio a una posible agresión armada.

Según informes de prensa que citan a altos cargos del Pentágono, el despliegue incluye aproximadamente 10.000 soldados, la mayoría estacionados en bases de Puerto Rico, apoyados por una flota de ocho buques de guerra, un submarino de propulsión nuclear, aviones de combate F-35 y drones de vigilancia MQ-9 Reaper. Adicionalmente, se ha reportado la presencia de helicópteros de operaciones especiales del 160th SOAR (conocidos como "Night Stalkers"), una unidad de élite que opera desde plataformas navales encubiertas y que usualmente participa en misiones de acción directa. Oficialmente, Washington enmarca este aumento de capacidades militares como parte de su estrategia de lucha contra el narcotráfico en la región, acusando al gobierno de Nicolás Maduro de liderar redes criminales. Sin embargo, para Caracas y otros observadores regionales, la magnitud y naturaleza del despliegue exceden las necesidades de una operación antinarcóticos. El gobierno venezolano lo ha denunciado ante el Consejo de Seguridad de la ONU como una "amenaza grave" y una preparación para un "ataque armado". El analista de seguridad Luis Quiñones, citado en uno de los artículos, señala que la movilización es un claro mensaje político de Estados Unidos para demostrarle a Maduro que "no tiene libertad de acción absoluta". Esta demostración de fuerza es el telón de fondo de los ataques letales a embarcaciones y ha convertido al Caribe en un foco de tensión geopolítica, donde cualquier error de cálculo podría desencadenar un conflicto de mayores proporciones.