Esta narrativa ha sido utilizada para justificar un despliegue militar sin precedentes en el Caribe, así como para enmarcar legalmente los ataques letales contra embarcaciones civiles en aguas internacionales.

En una carta enviada al Congreso, el presidente Donald Trump argumentó que Estados Unidos se enfrenta a un "conflicto armado con los cárteles del narcotráfico", un marco legal que, según su administración, le permitiría emprender acciones militares sin una declaración de guerra formal. Esta postura es la base de la "diplomacia del cañonazo", que incluye la presencia de buques de guerra y el hundimiento de lanchas que, según Washington, transportan drogas desde Venezuela. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido una de las voces más firmes en esta línea, calificando a Maduro de "dirigente ilegítimo" y "fugitivo de la justicia estadounidense" desde 2020. Por su parte, la fiscal general Pam Bondi, aunque evitó confirmar la existencia de un memorando que autorizaría a la CIA a actuar contra el régimen, afirmó en el Senado que "Maduro es un narcoterrorista actualmente acusado en nuestro país".

El régimen venezolano ha negado sistemáticamente estas acusaciones, calificándolas como un pretexto para una intervención.

Maduro incluso envió una carta a Trump negando cualquier vínculo con el narcotráfico, pero la misiva fue rechazada. La acusación de narcoterrorismo no solo sirve como justificación para la acción militar, sino que también es el principal obstáculo para cualquier negociación, ya que la condición de Washington para el diálogo es la salida de Maduro del poder.