Estos bombardeos han provocado una fuerte condena internacional y una crisis diplomática.

El gobierno de Nicolás Maduro ha calificado los ataques como una “pena de muerte en altamar”, asegurando que las víctimas eran pescadores y no narcotraficantes. La controversia escaló cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que existían “indicios” de que una de las lanchas bombardeadas era colombiana y transportaba a ciudadanos de su país, lo que calificó como un “asesinato” y el inicio de un “nuevo escenario de guerra en el Caribe”. La Casa Blanca exigió una retractación de Petro, calificando sus declaraciones de “infundadas y reprochables”, a lo que el mandatario colombiano respondió pidiendo a Washington que revele la identidad de los fallecidos. Una investigación de The New York Times, citando a dos funcionarios estadounidenses anónimos, confirmó posteriormente que sí había colombianos a bordo de al menos una de las embarcaciones. Más de 60 ONG han denunciado estos ataques ante el Congreso de EE.

UU. como “ejecuciones extrajudiciales”, cuestionando su legalidad bajo el derecho internacional.