Según Rodríguez, quien también es presidente de la Asamblea Nacional, el plan consistía en colocar “explosivos letales” en la sede diplomática, que no atiende al público desde la ruptura de relaciones en 2019 pero que aún alberga personal. La denuncia también fue comunicada a una embajada europea no especificada para que alertara a la misión estadounidense. Como respuesta, el gobierno de Maduro afirmó haber reforzado las medidas de seguridad en torno a la embajada, la cual, según Rodríguez, el gobierno “respeta y protege”.

Esta alerta se enmarca en un contexto de acusaciones mutuas y una creciente desconfianza. Mientras Estados Unidos justifica su despliegue militar en el Caribe como una lucha contra el narcotráfico, Caracas lo interpreta como una amenaza directa y un pretexto para una intervención. La denuncia del presunto atentado es vista por el gobierno venezolano como una prueba de que existen planes para generar desestabilización y justificar una escalada en el conflicto.