Sin embargo, la Casa Blanca insiste en que su objetivo es usar “todos los elementos del poder estadounidense” para frenar el ingreso de drogas al país.
EE. UU. justifica su ofensiva en el Caribe bajo la figura de "conflicto armado" contra el narcotráfico
La administración Trump ha fundamentado su escalada militar cerca de Venezuela en la designación de los carteles de la droga como grupos terroristas, argumentando en una carta al Congreso que Estados Unidos se encuentra en un "conflicto armado" contra estas organizaciones. Para dar un marco legal a sus operaciones letales en el Caribe, que incluyen ataques con misiles a embarcaciones, el gobierno de Donald Trump ha desarrollado una justificación que evita la necesidad de una declaración formal de guerra. En una carta enviada al Congreso, el presidente afirmó que el país enfrenta un “conflicto armado con los cárteles del narcotráfico”. Esta narrativa es clave, ya que, según expertos, le permitiría amparar acciones militares sin la autorización explícita del legislativo, que es el único con la potestad constitucional para declarar la guerra. La estrategia se complementa con la calificación del gobierno de Nicolás Maduro como un “cártel narcoterrorista” y del propio Maduro como un “narcoterrorista”, según declaraciones de la fiscal general Pam Bondi. Medios estadounidenses han reportado la existencia de un memorando del Departamento de Justicia que avalaría el uso de agencias como la CIA en operativos contra el régimen chavista. Esta justificación ha sido cuestionada por congresistas demócratas y juristas, quienes advierten que las operaciones carecen de un marco jurídico sólido y podrían arrastrar a Estados Unidos a un conflicto no autorizado.



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Hezbolá sufrió uno de sus golpes más duros desde el alto al fuego: además del jefe de Estado mayor, murieron cuatro comandantes en un ataque que impactó un edificio residencial en los suburbios del sur de Beirut. La organización enfrenta una pérdida estratégica, mientras el Gobierno libanés condenó la ofensiva y acusó a Israel de desafiar las resoluciones internacionales. Desde Beirut, nuestra corresponsal, Ethel Bonet, nos da más detalles.

El presidente José Jerí no descarta una incursión en la embajada mexicana en Lima para ejecutar la orden de captura emitida por la justicia peruana contra la ex primera ministra Betssy Chávez, quien permanece asilada en esa sede diplomática. La Corte dictó cinco meses de prisión preventiva y ordenó a la Policía e Interpol detenerla por indicios de fuga y obstaculización de la justicia al no asistir a las últimas audiencias. Chávez enfrenta un proceso por el delito de rebelión, vinculado al fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 encabezado por el expresidente Pedro Castillo, y la Fiscalía pide 10 años de cárcel en su contra. Desde Lima, nuestro corresponsal, Francisco Zacarías, nos amplía.

El presidente Volodímir Zelenski ya había anticipado que estos días serían de gran actividad, como ocurrió hoy en Ginebra, donde la delegación ucraniana se reunió con representantes europeos y estadounidenses, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio. El encuentro fue seguido con gran expectativa por los ucranianos, muchos de los cuales interpretan los 28 puntos planteados por EE. UU. como una exigencia de capitulación tras casi cuatro años de guerra. Sin embargo, al final de la jornada, Zelenski afirmó que la diplomacia seguía abierta y que los norteamericanos estaban escuchando a Ucrania, lo que alimenta la esperanza de encontrar un camino hacia una solución que ponga fin al conflicto. Desde Kiev, nuestra corresponsal, Catalina Gómez Ángel, nos da más detalles.

Trump dice estar abierto a negociaciones antes de diálogo sobre guerra en Ucrania El plan retoma exigencias de Moscú, como que Ucrania ceda territorio y disminuya su ejército





