UU.

En un discurso, llegó a declarar irónicamente que los ataques han sido tan efectivos que “ya no quedan barcos” en la zona. Sin embargo, la legalidad y justificación de estos ataques han sido fuertemente cuestionadas.

El gobierno venezolano ha denunciado que las víctimas no eran narcotraficantes, sino pescadores, y ha calificado las acciones como una “pena de muerte en altamar”. Una coalición de más de 60 ONG ha elevado una petición al Congreso de EE.

UU., describiendo los ataques como “ejecuciones extrajudiciales” y destacando que Washington no ha presentado pruebas que confirmen que las embarcaciones transportaban drogas o representaban una amenaza inminente. La controversia se intensificó cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó tener “indicios” de que una de las lanchas bombardeadas era colombiana y llevaba a sus connacionales, una versión que, según el New York Times, fue confirmada por dos funcionarios estadounidenses anónimos. Juristas internacionales y congresistas demócratas han señalado que estos ataques carecen de un marco jurídico que los respalde, al realizarse sin una declaración de guerra y sin un proceso judicial previo.