Las políticas de mano dura de la administración Trump, dirigidas a toda la comunidad latina, impactan directamente a los venezolanos que buscan refugio, creando una contradicción entre el discurso de condena a Maduro y el trato a las víctimas de su régimen. El gobierno de Trump ha adoptado una postura antimigrante que, según varios artículos, no solo se enfoca en la seguridad fronteriza, sino que apunta a la cultura latina en general. En este contexto, el masivo flujo de migrantes venezolanos, estimado en más de ocho millones de personas, se enfrenta a un sistema cada vez más hostil. Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades con alta población migrante y la retórica que asocia a los latinos con la criminalidad afectan a quienes huyen de Venezuela.

Esta tensión se manifiesta en incidentes diplomáticos directos.

El gobierno de Nicolás Maduro ha acusado a Estados Unidos de tener “secuestrados” a 78 niños venezolanos, quienes permanecen en territorio estadounidense a pesar de que sus padres fueron deportados. A su vez, la Corte Suprema de EE.

UU. ha permitido al gobierno de Trump retirar las protecciones temporales contra la deportación (TPS) a unos 300.000 venezolanos.

La situación refleja una paradoja: mientras Washington invierte recursos militares y diplomáticos para presionar por un cambio de régimen en Caracas, sus políticas migratorias internas criminalizan y dificultan la entrada y permanencia de los ciudadanos que escapan de dicho régimen, generando un drama humanitario en ambos extremos.