Por su parte, el gobierno venezolano niega rotundamente estas acusaciones, asegurando que son un pretexto para una intervención militar y el robo de sus recursos naturales.
EE. UU. criminaliza al régimen de Maduro bajo la figura del 'narcoterrorismo'
La acusación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro como líder de un “cartel de la droga” o una organización “narcoterrorista” es el pilar de la justificación de Washington para su ofensiva militar en el Caribe. Esta narrativa criminaliza al gobierno venezolano y sirve como base legal y política para las acciones de máxima presión de la administración Trump. El gobierno estadounidense ha enmarcado su despliegue naval y sus ataques a embarcaciones no como una acción contra un Estado soberano, sino como una operación de combate al crimen organizado transnacional. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido una de las voces más firmes, calificando a Maduro de “dirigente ilegítimo” y “fugitivo de la justicia estadounidense” acusado de narcotráfico desde 2020. Para dar un sustento legal a sus operaciones militares, el presidente Trump envió una carta al Congreso en la que afirmaba que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga, a los que cataloga como “organizaciones terroristas”. Esta definición permite a la administración eludir la necesidad de una declaración de guerra formal del Congreso para usar la fuerza letal. La narrativa de criminalidad se ha visto reforzada por acciones del sistema judicial estadounidense. Recientemente, el FBI anunció el desmantelamiento de una red de lavado de dinero presuntamente vinculada a los hijos de Nicolás Maduro, acusando a dos individuos en Miami de facilitar la apertura de cuentas bancarias para ellos. El director del FBI, Kash Patel, calificó a Maduro de “dictador narcoterrorista corrupto”.



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