El presidente Donald Trump ha defendido la efectividad de estas operaciones, llegando a ironizar que los ataques han sido tan exitosos que “no quedan más botes en esa zona del Caribe”. El gobierno venezolano ha condenado enérgicamente estas acciones, calificándolas de “pena de muerte en altamar” y llevándolas como denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU. La controversia se intensificó cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó tener “indicios” de que la última embarcación bombardeada era colombiana y transportaba ciudadanos de su país. Esta declaración, inicialmente calificada como “infundada y reprochable” por la Casa Blanca, fue posteriormente corroborada por The New York Times, que citó a dos funcionarios estadounidenses anónimos confirmando la presencia de colombianos a bordo de al menos una de las lanchas destruidas. Más de 60 organizaciones no gubernamentales han enviado una carta al Congreso de EE. UU. exigiendo el cese de las operaciones, describiendo los ataques como “ejecuciones extrajudiciales” que carecen de un marco jurídico válido, ya que las víctimas no representaban una amenaza inminente ni fueron sometidas a un debido proceso.