Esta movilización, justificada por Washington como una operación antinarcóticos, es vista por Caracas como una amenaza directa a su soberanía y un preludio a una posible agresión armada.

La operación estadounidense es considerable, involucrando aproximadamente 10.000 soldados, ocho buques de guerra, un submarino nuclear, y aeronaves avanzadas como cazas F-35 y drones MQ-9 Reaper, con la mayoría de las tropas basadas en Puerto Rico.

La administración Trump sostiene que estas acciones tienen como objetivo combatir el crimen organizado y las redes de narcotráfico que, según acusa, son dirigidas por el presidente Nicolás Maduro. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha calificado a Maduro de “dirigente ilegítimo” acusado de narcotráfico desde 2020.

En contraste, Venezuela ha denunciado esta presencia militar como una “amenaza” y una “agresión”.

El embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, solicitó una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad, advirtiendo sobre el riesgo de un “ataque armado” en el “corto plazo”. En respuesta, el gobierno de Maduro ha ordenado ejercicios militares permanentes, como el “Plan Independencia 200” en estados costeros, y ha llamado a la población a unirse a la reserva para defender la soberanía.

El propio Maduro advirtió que su ejército no permanecerá inactivo, declarando: “Si los gringos atacan, responderemos”.

Esta escalada ha generado preocupación en la región; Cuba, por ejemplo, ha hecho un llamado urgente a la comunidad internacional para evitar un conflicto, mientras que el presidente colombiano Gustavo Petro ha expresado su inquietud por la estabilidad regional.