UU. reserva exclusivamente al Congreso.

Varios congresistas y juristas han expresado su preocupación, señalando que estas acciones son ilegales.

La fiscal general, Pam Bondi, reforzó esta línea al declarar que “Maduro es un narcoterrorista actualmente acusado en nuestro país”.

El Gobierno estadounidense ha designado a grupos como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, presuntamente vinculado al régimen venezolano, como organizaciones terroristas. Esta catalogación permite, según la Casa Blanca, el uso de la fuerza letal.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha justificado los ataques a las lanchas afirmando que estaban afiliadas a “organizaciones designadas como terroristas”.

Sin embargo, la oposición demócrata y analistas critican esta postura.

El senador Adam Schiff ha calificado los ataques de “ilegales” y ha advertido que “corren el riesgo de llevar a Estados Unidos a otra guerra”. Expertos señalan que la verdadera intención no es frenar el narcotráfico, sino desestabilizar al Gobierno venezolano como parte de una operación de cambio de régimen.