Washington califica a las víctimas como “narcoterroristas”, mientras que Caracas denuncia los hechos como “asesinatos” y “ejecuciones extrajudiciales” en aguas internacionales.

La ofensiva estadounidense ha incluido la destrucción de al menos cinco embarcaciones, con un saldo confirmado de más de 21 muertos. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó uno de los ataques a través de la red social X, mostrando un video del impacto de un misil y afirmando que la operación, ordenada por el presidente Trump, resultó en la muerte de “cuatro hombres narcoterroristas”. Trump ha celebrado la efectividad de los ataques, declarando irónicamente que “ya no quedan barcos” en la zona y que cada embarcación destruida transportaba drogas suficientes para “matar a 25.000 personas”.

Sin embargo, estas acciones han sido duramente cuestionadas.

El presidente colombiano Gustavo Petro calificó los ataques como “asesinatos”, argumentando que “lanzar misiles cuando se puede interceptar, como Colombia hace, produce la ruptura del principio jurídico universal de proporcionalidad”. Organizaciones no gubernamentales y juristas internacionales han señalado que los ataques carecen de un marco jurídico que los respalde, al ocurrir en aguas internacionales contra objetivos que no presentaban una amenaza directa. El Gobierno venezolano, por su parte, ha sostenido que las víctimas no eran traficantes, sino pescadores.

La falta de presentación de pruebas concluyentes por parte de EE. UU. sobre la carga de las lanchas o la identidad de los fallecidos ha intensificado las denuncias de una campaña militar desproporcionada y al margen del derecho internacional.