En una carta dirigida al Congreso, las organizaciones firmantes expresaron su preocupación por dos puntos principales.

Primero, la falta de información clara y verificada sobre las identidades de las más de 20 personas fallecidas en estas operaciones. Segundo, el incumplimiento de los estándares del derecho internacional humanitario y las garantías mínimas del debido proceso, ya que la fuerza letal se está utilizando sin un proceso de interdicción, identificación o juicio previo. Las ONG sostienen que la letalidad de las intervenciones y la falta de transparencia configuran un "patrón preocupante de uso excesivo de la fuerza por parte del ejército estadounidense en aguas internacionales". La denuncia surge después de que la administración Trump declarara a los carteles de la droga como grupos terroristas, lo que ha servido de justificación para ordenar acciones ofensivas. Las organizaciones piden al Congreso que abra una investigación independiente y detenga cualquier operación que ponga en riesgo la vida de personas sin un debido proceso legal.

Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha emitido una respuesta oficial a estas acusaciones.