A raíz de la alerta, el gobierno de Nicolás Maduro afirmó haber "reforzado las medidas de seguridad" en torno a la sede diplomática, la cual se encuentra cerrada al público desde que ambos países rompieron relaciones diplomáticas en 2019, aunque aún alberga a algunos funcionarios. Esta acusación se produce en un contexto de máxima tensión, con un fuerte despliegue militar estadounidense en el Caribe que Caracas considera una amenaza. La denuncia de un posible atentado en su propio territorio podría ser utilizada por el gobierno venezolano para argumentar que existen fuerzas internas y externas conspirando para justificar una intervención militar extranjera.