Con esta base, el presidente ha determinado que EE.

UU. está en un conflicto activo y ha ordenado al Departamento de Guerra (antes Departamento de Defensa) llevar a cabo operaciones bajo el derecho de los conflictos armados. Esta reclasificación de la lucha antidrogas como un conflicto bélico permite al ejecutivo utilizar poderes extraordinarios de tiempos de guerra, tratando a los sospechosos no como criminales sujetos a un proceso judicial, sino como combatientes enemigos que pueden ser neutralizados con fuerza letal. La medida ha sido criticada por legisladores demócratas, quienes argumentan que el presidente está usurpando la autoridad constitucional del Congreso para declarar la guerra y actuando sin la debida autorización legislativa para el uso de la fuerza militar en el extranjero. La justificación también ha sido vista como una base legal para futuras acciones militares que podrían extenderse a territorio continental en países como Venezuela o México.