El TPS fue concedido a los venezolanos debido a la crisis humanitaria, política y económica en su país.

Sin embargo, la administración Trump sostiene que las condiciones ya no justifican esta protección.

Los demandantes, un grupo de inmigrantes venezolanos, argumentaron que la revocación violaba la Ley de Procedimiento Administrativo y estaba influenciada por prejuicios. Con esta vía libre judicial, el gobierno puede avanzar en la terminación definitiva del programa, lo que expondría a cientos de miles de personas a la deportación.